De visita en Mérida, atraído por el caso de José Eduardo Ravelo, el defensor de derechos humanos hace un diagnóstico de la situación de México en ese tema

YUCATÁN.- Conocedor de la situación de México en materia de derechos humanos, como resultado de un trabajo de más de 30 años, a José Miguel Vivanco le preocupa lo que está ocurriendo en el país.

Durante el actual gobierno, indica el exdirector ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, se ve un gradual intento de desmantelar el Estado de Derecho y de usar las instituciones judiciales para perseguir a los enemigos del régimen. Y los ataques, apunta, son orquestados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Al margen de la actuación del gobierno, lamenta que México tenga los índices más altos de desaparición de personas en América Latina.

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“Las cifras son espeluznantes: miles y miles de personas”, dice.

También pone el dedo sobre la llaga de una cruda realidad en todo México: la tortura como método para arrancar confesiones y la habitual práctica de hallar chivos expiatorios y de crear culpables de delitos.

Amplia trayectoria

El abogado chileno habla con amplio conocimiento. Además de que dirigió la División de las Américas de Human Rights Watch de 1994 a febrero pasado, es fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y formó parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1987 a 1989.

Entre otras cosas más, también ha ejercido la docencia e impartido conferencias en universidades estadounidenses y centros académicos de Europa y Latinoamérica.

En Human Rights Watch ha estado al frente de varias estrategias de defensa de derechos humanos y ha llevado la representación de ese organismo internacional en reuniones con jefes de Estado, ministros, magistrados y líderes del sector privado y la sociedad civil.

Atraído por el caso José Eduardo Ravelo

José Miguel Vivanco llegó a Mérida atraído por el caso de José Eduardo Ravelo Echevarría, fallecido en julio de 2021 días después de su detención por agentes de la Policía Municipal.

Las circunstancias de la muerte le llamaron la atención y desde Washington, EE.UU., siguió la evolución del caso. Le pareció muy peculiar que con gran celeridad, en una ciudad que tiene fama de ser pacífica y segura, se identificara a los presuntos responsables del crimen y que hasta el presidente López Obrador se involucrara en el tema.

Más adelante, con la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y su posterior dictamen, más otros elementos en torno al asunto, se generó en él la impresión de que se trata de un caso de chivos expiatorios.

El exdirector ejecutivo de Human Rights Watch concedió una entrevista a Grupo Megamedia, en la que habló de los motivos de su visita a la capital yucateca y de la situación que prevalece en México sobre derechos humanos.

También se refirió a los ataques del presidente López Obrador a las instituciones y a los riesgos de la militarización de la sociedad y la politización de las fuerzas armadas, sobre todo el Ejército, en el país.

Caso Ravelo no es un caso cualquiera

A continuación, un resumen de sus conceptos:

¿Por qué vino a Mérida?— Nunca había visitado Mérida. Me motivó el caso Ravelo, porque ese caso, en el cual desafortunadamente murió este joven y que aún está bajo investigación judicial, no es un caso cualquiera.

En México, desafortunadamente, los índices de violencia y de inseguridad son muy altos, especialmente en el norte del país. A diario hay muertes, denuncias de malos tratos, torturas e índices de desaparición escalofriantes.

Lo que me llamó la atención del caso fue que este muchacho había muerto a los 12 días de haber sido detenido por la policía del municipio. Una policía que no tenía, y no tiene, la reputación de ser brutal, o violenta.

Desde Washington intenté seguir la evolución del caso. Me parecía curioso que con gran celeridad se hubiese identificado a los supuestos responsables de este crimen, que serían cuatro policías.

Luego, Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, se involucra y también da por resuelto el caso. Con su estilo tan habitual, da por condenados a estos policías.

Con dudas latentes

Sin embargo, la intervención de la fiscalía, con fiscales que llegan a Mérida, conduce a una investigación independiente. Los fiscales verifican que las imágenes, la documentación del caso, los vídeos del primero hasta el último minuto de la detención, no coincidían con la denuncia de que al paso de este joven por la policía habría sido objeto de hechos tan brutales como los que se mencionaban.

Me generó la impresión de que esto era un caso de chivos expiatorios, en el que se encuentra rápidamente a un culpable oficial para calmar las aguas, calmar las redes sociales y entregarlo a la sociedad. Lamentablemente, en México ese tipo de prácticas es habitual. México es uno de los países de América Latina que más se destaca por “resolver” rápidamente casos penales, con un supuesto culpable al que se presenta ante los medios de comunicación. Y esto es una práctica generalizada en el país, a nivel de estados y a nivel federal.

Mira el caso de Atyotzinapa, que tenía toda la atención no solo nacional sino internacional, y aún así hubo manipulación de las evidencias. Trataron de cerrarlo oficialmente con una versión para superar la crisis.

Da la impresión de que las autoridades políticas en México en general, no todas, cuando se confrontan con problemas de esta naturaleza, con violaciones a los derechos humanos, los tratan como si fueran una cuestión tóxica, una crisis que hay que resolver rápidamente. Y para eso el sistema normalmente encuentra un responsable, lo presenta ante los medios, se sacan las fotografías y el caso está resuelto.

Mi experiencia en México es que las autoridades normalmente se lavan las manos en estos asuntos.

Actuar del alcalde de Mérida, fuera de lo común

Me llamó la atención la actitud del alcalde del municipio (Renán Barrera Concha), a quien yo no conocía, de no estar dispuesto a subirse a la ola de acusaciones y hacer lo que habitualmente se hace, que es lavarse las manos y decir: está resuelto el asunto.

Me llamó la atención que el alcalde, quien tuvo acceso a los vídeos, no comprara un cuento y le pusiera una pausa a esas denuncias. Y con el correr del tiempo, la intervención de la Fiscalía demostró que los principales sospechosos no tenían participación en este crimen, porque el registro de los vídeos es incuestionable, es tajante.

Diría otra cosa: si no hubiera vídeos estaríamos en una telaraña. Y lo fortuito en todo esto es que los vídeos caducaban a los 30 días, y felizmente fueron examinados directamente por la Fiscalía el día 29. Imagina qué hubiera pasado si la Fiscalía se presentaba y los vídeos ya no existieran.

Todo eso me generó gran interés, preocupación, sobre todo porque Mérida tiene reputación de ser una de las ciudades más seguras del país.

Me daba la impresión de que el caso estaba manipulado, orientado con la misma metodología que se usa en otros estados de México, de producir un responsable y cerrar la crisis, y que paguen justos por pecadores.

Por eso, en febrero entré en contacto con el alcalde y me reuní con él en Ciudad de México. Le dije que me gustaría venir acá, conocer mejor la ciudad. Creo que del caso Ravelo se pueden arrancar enseñanzas que son muy útiles no solo para Yucatán sino también para el resto del país.

Embestida oficial contra las instituciones

 Me importa mucho México, me preocupa la situación nacional. He trabajado en temas de derechos humanos en distintas regiones del país en más de 30 años. Conozco la institucionalidad mexicana que se ha logrado construir a partir de la gran transición democrática al final del gobierno de Ernesto Zedillo, que fue el fin de la hegemonía del PRI, y me preocupa mucho lo que está ocurriendo durante el actual gobierno.

Veo un deterioro de las instituciones democráticas, un gradual esfuerzo por desmantelar el Estado de Derecho y usar a las instituciones judiciales para perseguir a los enemigos del régimen.

Yo diría que hay un desprecio enorme por la autonomía de las instituciones que en las dos últimas décadas han ayudado a profundizar el sistema democrático. Me refiero al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) y el INE (Instituto Nacional Electoral), pero cualquier otra institución que no está bajo el control del gobierno del presidente López Obrador pasa a ser sospechosa y tratada como si fuera un enemigo.

Preocupa, por supuesto, la constante estigmatización del gobierno federal a los medios de comunicación independientes, hacia la sociedad civil, esa actitud de confrontación. O son incondicionales del gobierno actual y del partido del gobierno, o pasan a ser enemigos y a empezar a ser estigmatizados y atacados permanentemente.

México, lejos aún del “Apocalipsis” 

Eso está ocurriendo en México durante los primeros tres años del sexenio de AMLO y creo que se va a incrementar esa actitud, esa manera de ejercer el poder, una manera casi mesiánica, de culto a la personalidad del caudillo, y eso es lamentable para un país tan importante como México, al que le costó tanto esfuerzo salir de lo que fueron 70 años de dictadura perfecta, como fue la del PRI, que se sostuvo sobre la base de fraude electoral sistemático y que con gran esfuerzo ciudadano se fueron generando espacios e instituciones cuya razón de ser es velar por los intereses y por el bien común.

Sin embargo, no tengo una visión apocalíptica de México. Hay algunos que lo comparan con Chávez, con Venezuela, pero creo que durante estos tres años de AMLO la experiencia ha demostrado que el grado de resiliencia de la sociedad, del país, de las instituciones, es más fuerte de lo que estimábamos.

Mi impresión aquí es que no ha habido, hasta ahora, un daño irreparable a la democracia mexicana.

La violencia y la tortura

 La violencia no es monopolio del gobierno actual. Viene de mucho antes. Aquí la tortura ha sido un mecanismo habitual de investigación policial.

Es curioso, pero en México los delincuentes confiesan, entre comillas, sus delitos. En otros estados, ya lo decía, los casos se resuelven con un culpable oficial, pero el culpable oficial no solo queda detenido sino que al mismo tiempo confiesa. ¿Cómo crees que se arrancan esas confesiones? Con la tortura, con amenazas… Todo se vale. Eso, lamentablemente, es endémico. No es solo problema de los últimos tres años (Continuará).

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