La participación ciudadana cayó al 13% y se detectaron anomalías como conteo a puerta cerrada, boletas sin cancelar y vínculos partidistas de los ganadores
MÉRIDA, Yucatán.– La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Yucatán finalizó su trabajo como observadora del proceso electoral del Poder Judicial 2025, el cual calificó como inédito y preocupante por su impacto en la ciudadanía y la transparencia democrática.
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Este proceso surgió de una reforma que reemplazó a todos los Ministros, Magistrados y Jueces del país, además de modificar la participación ciudadana en la elección. Sin embargo, los resultados encendieron focos rojos: sólo participó el 13.02% del electorado, muy por debajo del 60.9% del año anterior. Además, los votos nulos y boletas en blanco representaron un porcentaje inusualmente alto, lo que evidencia un rechazo social.
En cuanto a certeza, Canacintra criticó que el conteo se realizó a puerta cerrada y sin visibilidad real para los observadores. Las boletas no utilizadas no fueron canceladas como en comicios anteriores, y se distribuyeron “acordeones” con los nombres de candidatos que, casualmente, resultaron electos, tanto a nivel federal como estatal.
Los datos revelan una diferencia de hasta 4.7 veces más votos a favor de los candidatos promovidos en dichos acordeones, una anomalía estadísticamente poco probable.
En el aspecto de legalidad, se señalaron contradicciones entre el material electoral y las instrucciones recibidas. Respecto a independencia, se recortó el presupuesto y disminuyó el número de casillas, afectando la cadena de custodia de boletas.
Sobre imparcialidad, Canacintra evidenció vínculos entre los candidatos electos y el partido oficial, lo que pone en duda la equidad del proceso. En cuanto a máxima publicidad, se eliminaron mecanismos de verificación ciudadana. Por último, en objetividad, el organismo alertó que el proceso generó falsos dilemas tanto para ciudadanos como para funcionarios.
Canacintra Yucatán reiteró su compromiso con la democracia y llamó a ciudadanizar la labor legislativa, como se hizo con el IFE en 1996, para lograr una representación sustantiva en el país.
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