Nuevamente el alcalde del municipio de Motul fue vinculado a proceso penal. ¡Es la segunda ocasión que se ve envuelto en algo similar!
MOTUL.- Por segunda ocasión fue vinculado a proceso penal al alcalde de Motul por ser acusado de cobrar trabajos que en realidad hicieron empleados del Ayuntamiento, no la empresa a la que se los pagaron.
También fueron vinculados el secretario de la Comuna, así como a un ex director de obras públicas y un empresario, a quienes también les aplicaron medidas cautelares, como la prohibición de salir del Estado y la obligación de presentar una garantía de pago del daño causado al erario.
Nunca se había vinculado a proceso penal a una autoridad municipal en funciones -antes era después de que dejaban el cargo-, pero ahora incluso hay la posibilidad de que antes de concluir su periodo de alcalde pueda ser sentenciado y encarcelado, así como a los demás involucrados en caso de comprobarse los delitos de corrupción.
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Imputación penal al alcalde y otros funcionarios de Motul
De acuerdo con información recabada en los juzgados penales, luego de diversos diferimientos solicitados por la defensa, el pasado miércoles 2 de agosto se llevó al cabo la audiencia judicial donde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado formuló una nueva imputación penal contra del alcalde de Motul, el secretario de la comuna, un ex director de Obra Pública y un empresario, otra vez por probables actos de corrupción.
Según lo expuesto por agentes de la Fiscalía Anticorrupción, se simuló un procedimiento para la adjudicación de un contrato de obra pública para el bacheo de calles en Motul, sin embargo, la empresa que resultó ganadora (también está vinculada a otros asuntos judiciales) no hizo esos trabajos, sino estuvieron a cargo de trabajadores del municipio a través de un programa permanente.
Pese a lo anterior el Ayuntamiento generó información y documentación con el objetivo de simular la realización de los trabajos, presentando la bitácora de obra, expediente técnico, actas de entrega y reporte fotográfico de trabajos pretendiendo aparentar su realización.
Trabajadores del municipio, no una empresa, realizaron bacheo en Motul
Sin embargo, en la propia evidencia presentada por la defensa se advertía que estos servicios fueron efectuados por personal del municipio. En ese sentido, la Fiscalía aseveró que en el reporte fotográfico exhibido por los imputados y su defensa para tratar de justificar la obra, las personas no eran personal perteneciente a la empresa sino servidores públicos adscritos al municipio, empleados municipales.
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Por eso la Fiscalía Anticorrupción entrevistó a trabajadores pertenecientes a la dirección de Obras Públicas, quienes se reconocieron como las personas que efectuaron esos trabajos.
También se entrevistó a vecinos del lugar que se manifestaron en el mismo sentido, es decir, que a los únicos que habían visto trabajando era a los empleados del Ayuntamiento.
¿De qué delito acusan al alcalde de Motul y otros funcionarios?
Por estas razones los fiscales solicitaron al Juez de Control la vinculación a proceso de las personas acusadas, exponiendo un gran número de datos de prueba por el delito de peculado, que conforme al Código Penal Estatal es cometido por el servidor público que distrae de su objeto recursos públicos para beneficiarse a sí mismo o a otras personas.
En la audiencia la defensa solicitó la ampliación del término para resolver la situación jurídica de los imputados, a lo que accedió el Juez de Control imponiendo medidas cautelares para garantizar su presencia, como la prohibición de salir del Estado y la presentación de una garantía económica.
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La audiencia fue retomada el lunes 7 de agosto, cuando la defensa presentó copias simples de documentos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Bienestar intentando que se declinara la competencia a favor de la Federación, señalando que los recursos desviados eran federales y no había competencia del Estado para conocer de este asunto.
También argumentaron que ese ente fiscalizador (la Federación) había señalado que no había observaciones por lo que respecta a este contrato.
En contra de estos argumentos, agentes del Ministerio Público manifestaron que en el caso del Fondo de Participaciones (incluidos en este caso) la competencia para conocer sobre las irregularidades en su manejo y destino es del fuero común, a diferencia de lo que ocurre con el Fondo de Aportaciones, donde la competencia es Federal.
¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no halló anomalías?
En relación con el segundo punto, de los propios documentos presentados se advirtió que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación fue meramente documental y dado que se simuló en papel la ejecución de la obra era lógico que no hallaran mayores irregularidades.
Eso contrasta con la inspección realizada por la Auditoría Superior del Estado y actos de investigación de la propia Fiscalía Anticorrupción que arrojaron los datos ya señalados, es decir, que los únicos trabajos realizados eran los hechos por los empleados del municipio.
Por lo anterior, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra los imputados, dejando firmes las medidas cautelares impuestas y otorgando un plazo para el cierre de la investigación complementaria de cuatro meses a fin de que se formule la acusación con el objeto de llevar a juicio a los acusados.
Añadieron que este caso se suma con los procesos ya abiertos en contra de los funcionarios y empresarios vinculados a estos por el desvío de recursos a través de la simulación de obra pública lo que deja en evidencia un “modus operandi” de corrupción en ese Ayuntamiento.
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