Rescatan a 30 víctimas de trata en Cancún y Playa del Carmen, aquí te dejamos toda la información, hay inmuebles asegurados
Autoridades rescatan víctimas trata en Playa del Carmen, fueron alrededor de 30 personas, aquí te dejamos los detalles del operativo y todos los detalles del suceso.
En una acción conjunta entre fuerzas estatales y federales, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) logró el rescate de 29 mujeres y un adolescente, presuntas víctimas de trata de personas en Quintana Roo.
Los operativos, derivados de órdenes de cateo, se ejecutaron de manera simultánea en establecimientos nocturnos de Cancún y Playa del Carmen.
Las autoridades identificaron modalidades de explotación laboral y prostitución ajena, donde los negocios retenían hasta el 50 por ciento de las ganancias generadas por las víctimas, quienes se encuentran ahora bajo resguardo y protección integral.
Operativo en la Supermanzana 244 de Cancún
El primer cateo tuvo lugar en un bar de la avenida Rancho Viejo, en Cancún. En este sitio, elementos de la Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron a seis mujeres (cinco mexicanas y una cubana) dedicadas al “fichaje” y servicios sexuales.
Las investigaciones revelaron que el establecimiento cobraba 250 pesos por copa para que las mujeres convivieran con los clientes, además de tarifas de hasta 2 mil pesos por servicios sexuales.
En este mismo punto, se resguardó a un adolescente mexicano, quien presuntamente era víctima de explotación laboral dentro del local.
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La segunda intervención se realizó en un bar de la avenida 125 Sur, en Playa del Carmen, donde fueron ubicadas 23 mujeres de diversas nacionalidades, incluyendo mexicanas, cubanas, hondureñas, peruanas y nicaragüenses. Bajo un esquema similar, las víctimas ofrecían servicios con costos de mil 800 pesos, de los cuales la mitad era destinada directamente al negocio. Tras concluir las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados con sellos oficiales de la FGE.
Las 30 personas rescatadas fueron canalizadas ante las autoridades competentes para garantizar su seguridad, atención psicológica y el pleno acceso a sus derechos humanos.
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