A un año del hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, la CNDH acusa varias irregularidades en la investigación
NACIONAL.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que señala presuntas omisiones y fallas en la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tras el hallazgo del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
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De acuerdo con el organismo, dichas irregularidades habrían vulnerado diversos derechos humanos, principalmente el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la verdad para las víctimas y sus familiares.
El pronunciamiento forma parte de la Recomendación 11/2026, en la que la CNDH documenta múltiples deficiencias en el manejo de la escena, el procesamiento de evidencias y la preservación del inmueble donde se realizaron las investigaciones.
Fallas en resguardo y procesamiento de evidencias
Entre las principales irregularidades detectadas por la CNDH se encuentran fallas en el aseguramiento del sitio, retrasos en el análisis pericial y deficiencias en la cadena de custodia de los indicios encontrados durante las diligencias.
El organismo también señaló que algunos indicios y evidencias no fueron procesados de manera oportuna, lo que pudo afectar el desarrollo de las investigaciones. Además, se reportaron retrasos en la comparación de muestras genéticas con bases de datos de personas desaparecidas, un proceso fundamental para la identificación de posibles víctimas.
Asimismo, se mencionó que el inmueble no fue resguardado adecuadamente durante ciertos periodos, lo que generó riesgos para la preservación de los indicios localizados en el lugar.
Un caso que sacudió al país
El rancho Izaguirre fue descubierto en marzo de 2025 tras el trabajo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. En el sitio se encontraron cientos de objetos personales, entre ellos ropa y calzado, que apuntaban a que el lugar habría sido utilizado por un grupo criminal para el reclutamiento forzado de jóvenes.
A raíz de estos hallazgos, el caso generó una fuerte indignación social y abrió nuevas líneas de investigación a nivel federal. La Fiscalía General de la República asumió posteriormente parte de las indagatorias y reportó avances en el procesamiento del sitio, así como detenciones relacionadas con los hechos.
La CNDH solicitó que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y que se adopten medidas para evitar que este tipo de irregularidades se repitan en futuras investigaciones.
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