La Profepa alertó sobre severas sanciones económicas y cárcel para las personas que mantengan ejemplares de flora silvestre protegida en sus viviendas sin contar con la autorización correspondiente
Multas millonarias y sanciones penales según la Profepa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recordó a la ciudadanía que el aprovechamiento no autorizado de ejemplares de la flora nacional catalogados bajo protección especial puede derivar en sanciones económicas que superan los 3 millones de pesos. Asimismo, al tratarse de un delito de orden federal, las personas involucradas podrían enfrentar penas de cárcel.
El caso del peyote y su regulación en la legislación ambiental
Cabe destacar que, el peyote es una especie bajo protección especial en México. Su extracción del medio silvestre y posesión sin autorización pueden constituir un delito, ya que contiene mescalina, una sustancia regulada por la Ley General de Salud.
De igual forma, la “NOM-059-SEMARNAT-2010” protege al peyote para evitar que su extracción excesiva ponga en riesgo su permanencia en los ecosistemas.
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Recomendaciones para evitar problemas legales con tus plantas
Conocer esta información es fundamental para evitar multas y posibles sanciones penales por la posesión o extracción ilegal de especies protegidas como el peyote.
Además de cumplir con la legislación ambiental, respetar estas normas contribuye a la conservación de una planta de gran valor ecológico y cultural, cuya población se ha visto afectada por la sobreexplotación y el comercio ilegal. Antes de adquirir cualquier especie, es recomendable verificar que su comercialización sea legal y que provenga de establecimientos autorizados.
Recomendaciones para evitar sanciones
- No adquieras peyote o cualquier otra especie protegida en mercados informales o por internet.
- Antes de comprar una planta, verifica que su venta sea legal y que provenga de un vivero o establecimiento autorizado.
- Si tienes dudas sobre una especie, consulta la normativa ambiental vigente o acércate a las autoridades competentes.
